Realidad Alternativa

Desde finales del año pasado Conatel viene planificando la reforma parcial de la providencia administrativa que contiene las condiciones bajo las cuales los operadores de telefonía móvil pueden ofrecer el servicio de mensajería de texto.

El 15 de noviembre de 2007, el entonces director general de la Comisión y a su vez ministro de Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón, mediante la providencia administrativa Nº 1.125, ordenó el inicio de una consulta pública sobre el tema, para la cual los interesados e involucrados tenían 10 días hábiles a partir de esa fecha, para presentar sus comentarios y observaciones por escrito ante la Oficina de Atención al Ciudadano de Conatel.

A su vez, desde el lunes 10 de diciembre hasta el lunes 24 del mismo mes, se abrió la posibilidad de hacerlo a través del foro electrónico del site del órgano regulador, pero que según comentarios de algunos participantes, culminó inexplicablemente durante la primera semana.

Luego, el viernes 21 de diciembre otra providencia administrativa (Nº 1.129) resuelve convocar la audiencia pública para el día 9 de enero de 2008 a las 8:30 de la mañana y con una duración máxima de 4 horas a partir de su inicio. Los encargados de planificar y coordinar dicha consulta fueron los funcionarios Irene Torres, Zulay Machta y Germán Campos, de la división de Reglamentos, Normas y Modelos, adscrita a la gerencia de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones.

Durante la consulta, el salón Simón Bolívar del nuevo edificio sede de Conatel, se hizo insuficiente ante la cantidad de asistentes y los numerosos medios de comunicación. Con dificultades de audio se leyó a los presentes la modificación del artículo 8 de la providencia en cuestión, además de la hasta entonces “disposición transitoria única” que ahora pasará a ser la primera, dado que se agregaron dos más.

La funcionaria Irene Torres, quien minutos antes declaró que la reforma no mermaría la privacidad de los usuarios sino que le garantizaría la calidad del servicio, procedió a leer los apartados modificados y abrió espacio para las intervenciones del público, entre las cuales destacaron las posiciones de las principales operadoras privadas y de los integradores de valor agregado de mensajería móvil. El representante de las estatales Cantv y Movilnet, Carlos Estrella, no hizo mayores observaciones y dijo que se ajustarán a lo que se indique.

Reconsideración de fechas y mediciones

Carlos Sanoja, gerente general de Asuntos Regulatorios de Telefónica en Venezuela, dijo que a pesar de estar de acuerdo con la protección a los usuarios y de que la adecuación de las redes forma parte del plan de inversiones y actualización de la empresa que representa, asume lo establecido en la providencia, pero sugiere al ente regulador reconsiderar la fecha a partir de la cual comenzarán las mediciones sobre la efectividad en la entrega de los mensajes escritos.

Sobre la manera de realizarlas, propuso que no sean los registros de las horas pico sólo los que deban reflejarse en los informes trimestrales, ya que se estaría mostrando la efectividad en el peor de los casos y no el comportamiento global de los sistemas de mensajería.

Los funcionarios de Conatel evaluarán la propuesta antes de publicar la providencia administrativa en Gaceta Oficial, a pesar de no ser lo acostumbrado y previsto en este tipo de audiencias dado que dichos puntos habían sido discutidos anteriormente, según palabras de los organizadores.

Menores porcentajes

En representación de la Corporación Digitel, María Teresa Zuloaga, en compañía del VP comercial, Luis Bernardo Pérez, pidió una reconsideración de los porcentajes mínimos de entrega establecidos en el artículo 10, ya que no siempre las fallas o retrasos en la entrega dependen directamente de los operadores sino de otros aspectos como problemas técnicos de los terminales de los abonados, que se encuentran fuera del área de servicio o que simplemente los mantienen apagados.

Igualmente, los especialistas de Conatel dijeron que lo reconsiderarán a pesar de que ya se había discutido con anterioridad. Ese mismo punto fue refrendado por el representante de Movistar en sus declaraciones al término del acto, quien dijo que más del 10 por ciento de los mensajes son afectados por los factores antes mencionados.

Otros asistentes pidieron la publicación lo más pronto posible de los formularios sobre los cuales deben trabajar y elaborar los informes, lo cual requiere de un período para la adaptación de los sistemas y poder entregarlas a Conatel en abril.

Dejar canales abiertos

Un grupo de empresas integradoras que se encontraba en el estrecho salón mostraron su acuerdo con las medidas tomadas, pero acotaron que debería dejarse abierta la posibilidad de canales informativos en los cuales se pudieran divulgar noticias de interés colectivo, que sirvan para controlar eventuales situaciones de riesgo.

A pesar de que obviamente entraría la discrecionalidad en cuanto a quiénes estarían facultados para ello y sobre los contenidos de los mensajes, pusieron como ejemplo actual el uso que ha hecho el Banco Central de Venezuela con respecto a la difusión de la reconversión monetaria, y las invitaciones del Consejo Nacional Electoral para que los votantes consulten el registro electoral. Ambos obviamente no han sido solicitados por los usuarios pero representan información y servicios útiles para la población.

Otros casos puntuales a los que pudiera dejársele una brecha informativa son los relacionados con la banca y al Seniat, con lo que se aprovecharía el hecho de que la telefonía móvil representa la herramienta de comunicación bidireccional con mayor penetración en el país y es la más idónea para procurar el beneficio público.

Sugieren además que los usuarios puedan decidir las fuentes de las cuales desean recibir información, mediante el envío de un mensaje originado (MO) al mismo número asignado al oferente, es decir, sería una suerte de suscripción.

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